Las Bambas es una mina de cobre situada en las provincias de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, en el sur del Perú, que emplea a miles de personas. La mayoría de ellas vienen de fuera de la región. Desde 2016, la empresa MMG, propiedad de la china Minmetals Corporation, explota esa mina, tras habérsela comprado a una empresa suiza.

El eslogan de MMG es "We mine for progress" ('Minería para el progreso'). Desde que adquirió la mina, la empresa china ha estado en la mira de las ONEGES locales. Son ellas las que suministraron los datos al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos para el informe que esa ONG acaba de publicar. En el caso de Las Bambas, la ONG Cooper-Acción denuncia una vulneración a tres niveles. El primero de ellos concierne los derechos humanos fundamentales.

"A raíz de un convenio suscrito entre la empresa minera y la Policía Nacional del Perú en 2015 y en 2016, la policía disparó contra manifestantes y mató a cuatro personas", dice a RFI Julia Cuadros, socia fundadora de Cooper-Acción. Según ella, ese caso pone de presente dos problemas: "Por un lado, que el Estado peruano permite que su policía nacional le brinde servicios de seguridad a las empresas, lo que es anticonstitucional, si bien existe una ley anticonstitucional. Y lo otro, la responsabilidad de la empresa en solicitar que se dispare a la gente. En cuanto a la reparación que debiera existir, ésta no se da hasta que no se determine de quién es la responsabilidad. Llevamos diez años en un juicio interminable", apunta Cuadros.

El segundo nivel de violación es el de los derechos ambientales. "Han ocurrido accidentes ambientales, pero no podemos probar que se ha registrado una contaminación de agua porque la Autoridad de Agua y la Autoridad de Fiscalización Ambiental llega al cabo de dos meses de que se ha producido un derrame de relaves. En ese momento, ya no hay agua contaminada porque el río se la ha llevado. Entonces no se investiga. Pero el tema ambiental ahí está más relacionado con el transporte del mineral que sale desde la sierra hacia el puerto de Matarani. La carretera no está asfaltada, pasan 300 camiones diarios, y entonces el polvo que produce la cantera sin asfaltar afecta a las personas, los cultivos, los animales, el agua. Entonces ahí si hablamos de agua contaminada", explica Julia Cuadros.

Y el último nivel de vulneración tiene que ver con los derechos económicos. Aunque una parte de los impuestos debería ir a la región, éstos no llegan porque el Estado concede beneficios fiscales a las empresas y la parte de beneficios de la compañía que se debería invertir localmente, tampoco llega, según Julia Cuadros: "La empresa no quiere. Primero dijo que sí, después dijo que no, la cuestión es que, al final de cuentas, no está funcionando". 

La ONG Cooper-Accion denuncia también que cada vez que han intentado hablar con las autoridades chinas, siempre han obtenido la callada por respuesta.