Mientras varios representantes electos, y alcaldes en particular, han sido objeto de agresiones en los últimos meses, el Gobierno francés acaba de lanzar un plan de cinco millones de euros para reforzar su protección, que incluye una protección funcional automática y apoyo psicológico, anunció este viernes la ministra encargada de Colectividades Territoriales y Ruralidad en una entrevista a Le Monde.

"Hoy en día, cuando un alcalde acude a los tribunales, puede costar dinero y puede no tener protección jurídica. Por eso vamos a hacer que sea automática", declaró Dominique Faure. Por tanto, los representantes ya no tendrán que pasar por una deliberación del consejo municipal, como ocurre actualmente.

Los gastos de seguro también correrán a cargo del Estado para todos los municipios de menos de 10.000 habitantes. Un cargo electo que haya sido víctima de una agresión también podrá solicitar apoyo psicológico para él o su familia.

Cabinas telefónicas

Como parte del paquete de medidas de seguridad anunciado a mediados de mayo tras la sorprendente dimisión del alcalde de Saint-Brevin-les-Pins (Loira Atlántico), 1.769 alcaldes y un total de 5.159 cargos electos se han inscrito en el fichero que, en caso de llamada, activará una intervención policial más rápida. A ello se añadirá un botón de llamada, en forma de cajita, en el que se almacenarán cinco números de teléfono y que los cargos electos podrán activar en caso de ataque.

Por último, se destinarán tres millones de euros a la instalación de cámaras y dispositivos de videovigilancia "para asegurar los locales situados frente al ayuntamiento o el domicilio del alcalde", previa autorización del fiscal, explicó la ministra.

En cuanto al refuerzo de las sanciones penales, que se traducirá en la equiparación de las penas con las de la violencia contra los agentes uniformados, será objeto de una ley "en otoño".

Los alcaldes en primera línea

Según Dominique Faure, los disturbios desencadenados por la muerte de Nahel, de 17 años, por el disparo de un policía en Nanterre, causaron daños en edificios públicos por valor de unos "150 millones de euros".

Entre las demás medidas anunciadas, los casos de acoso contra cargos electos se considerarán una circunstancia agravante. Si se desestima un caso, los fiscales tendrán que "explicar clara y rápidamente" por qué no prosperó la denuncia.

En 2022 se registraron 2.265 quejas y denuncias por violencia verbal o física contra representantes electos, un 32% más que en 2021, según el Ministerio del Interior. Pero "ha habido un ligero descenso" desde principios de 2023, dijo Dominique Faure. "Se han abierto 1.241 procedimientos. El 72% de ellos son de alcaldes, e incluso el 87% si incluimos a los concejales", añadió.